1 de marzo de 2014

Ministerio de Gobernación

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Cada vez parece tener más vida la Ley de Seguridad Ciudadana. Una ley prohibitiva y coercitiva. Cada vez
nos van a ahogar más. Nuestro Ministro de Gobernación ha actualizado la Ley de Vagos y Maleantes (inicialmente de 1933, con última modificación en 1970). La exposición de motivos es prácticamente copiada: Las demandas sociales de seguridad ciudadana van dirigidas esencialmente al Estado, pues es apreciable una conciencia social de que sólo éste puede asegurar un ámbito de convivencia en el que sea posible el ejercicio de los derechos y libertades, mediante la eliminación de la violencia y la remoción de los obstáculos que se opongan a la plenitud de aquéllos. Este es el segundo párrafo. El tercero dice algo así como que hay que copiar las leyes anteriormente citadas (1933, 1959 y 1970) pero aplicándolas a la Constitución Española, mediante una interpretación -un poco antagónica quizá- del “ciudadano medio actual”.

Esta nueva Ley se divide en tres secciones: sanción leve (de 100 a 1.000 euros), grave (de 1.001 a 30.000 euros) Y muy grave (de 30.001 a 600.000 euros). Pero antes de poner algunos ejemplos de estos artículos la mar de progresistas, citar que todo se tramita por la Administración. Es decir: antes un juez (imparcial, garantista, predeterminado por la ley, etc), decidía sobre tu culpabilidad o sobre tu inocencia. Ahora pagas la multa y luego si eso recurres, pagando las correspondientes tasas que el Conquistador de las Vaginas Españolas ya implantó en su momento. Un negocio en toda regla.

En cuanto a las sanciones muy graves, el artículo que se lleva la palma sería el 34.1, y dice: La perturbación muy grave de la seguridad ciudadana no constitutiva de delito en actos públicos, espectáculos deportivos (…) solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones numerosas. En otras palabras, aplaudir un poco fuerte a Nadal o interrumpir una misa -cosa que pasa todos los días, ya lo ven en las noticias- te puede salir por un ojo de la cara.

En el apartado de graves hay tres especialmente sangrantes. Estos son los artículos 35.2, 35.12 y 35.13, que dicen que la llevar capucha en una manifestación, no llevar bien atada la pulsera de la bandera de España o solicitar un servicio sexual cerca de las puertas de un colegio, te costará una media de 15.000 euros. Es preferible eso a pedirle a alguien con capucha su DNI o a legalizar la prostitución, regulando su situación laboral. Así, cotizarían a la Seguridad Social, no estarían en la calle (bueno para ella y para los niños), tendrían unas seguridades laborales-jurídicas importantes... pero es más fácil poner multas de 30.000 pavos, cantidad que más del 80% de españoles no ha visto junta en toda su vida.

Y en cuanto a las leves, el artículo 36.2 dice que está prohibido incumplir la ruta fijada para una manifestación. Es decir, que si pasas de la calzada a la acera, te pueden soplar 100 euros y no saber de dónde te han venido.

¿Pero se han vuelto locos? El salario medio de un español hace unos meses no superaba los 1.000 euros, ¿y ahora la multa más leve que te pueden poner es esa? Pues sinceramente, gobernador, prefiero ser un delincuente durante unos meses (porque las medidas penales anteriores se sustituían, en la inmensa mayoría, por trabajos en beneficio de la comunidad, etc) a tener que endeudarme de por vida, por la misma conducta que antes me hacía criminal, o por una menor.

Estas eran las mayores perlas a mi parecer, pero nuestro Ministro de Gobernación ha incluido algunas barrabasadas más como que te puedan cachear en medio de la calle con desnudos totales o parciales por una infracción meramente administrativa (artículo 19), como que te pueda poner una multa un Guardia Civil (y no la Administración, art 18), que te pueda grabar un policía pero tú a él no (art 21) que te juzgue la Administración y no un Juez... En fin. Esta es una ley retrógrada. Espero que PSOE, IU, y todos los partidos de la oposición la lleven punto por punto al Tribunal Constitucional, porque desde luego nos jugamos mucho con esto. Nos jugamos el mayor recorte de derechos y libertades que haya sucedido en décadas en España.

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