25 de noviembre de 2013

Huelgas limpias

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Escrito por Antutxo.

Ahora que los barrenderos han vuelto a las calles tras dar un ejemplo de eficacia en la lucha social, tal vez es el momento de revisar algunos aspectos de lo ha sucedido durante los 13 días que ha durado su huelga. Me refiero, concretamente, a lo acontecido durante la tarde del 15 de Noviembre. Les pongo en antecedentes. Después de sacar un pliego de condiciones para la privatización de la limpieza viaria de Madrid, en el que se dejaba abierta la puerta al despido por parte de la empresa de gran parte de la plantilla, los trabajadores deciden defender sus puestos de trabajo y convocar una huelga indefinida. Mientras Madrid se iba llenando de basura, y la ciudadanía respaldaba mayoritariamente la lucha de sus barrenderos, el Ayuntamiento se desentendía del asunto de tal forma que hasta las empresas concesionarias empezaron a presionar para que tomaran cartas en el asunto. Todo lo que se le ocurrió a la alcaldesa y su equipo de gobierno, fue lanzar un ultimátum. Si no se llegaba a un acuerdo a las 17:00 h del viernes 15 de Noviembre, encargarían la limpieza de las calles a TRAGSA. Con lo que no contaba Botella es que, inmersa a su vez en un ERE, los trabajadores de la empresa pública no iban a estar muy por la labor. Tampoco tuvo muy en cuenta la legislación vigente respecto a la convocatoria y desarrollo de huelgas en España. Me explico. En una deriva difícilmente entendible, el Ayuntamiento fue acusando a los trabajadores de no cumplir los servicios mínimos, de provocar altercados e incendiar contenedores, a pesar de que los detenidos no tenían relación alguna con los trabajadores ni los sindicatos y había calles (Serrano) que estaban perfectamente limpias, al mismo tiempo que se negaba a declarar una emergencia sanitaria. Este no es un tema menor, ya que era un requisito imprescindible para ordenar la intervención de TRAGSA. Esta declaración, según afirma el ayuntamiento, se produce el mismo día 15, aunque no se publica en el Boletín Oficial del Ayuntamiento hasta el Martes 19 de Noviembre, lo que arroja muchas dudas sobre el proceso.

Sin embargo, como apuntaba más arriba, los trabajadores de TRAGSA se niegan a participar de la limpieza de Madrid, tal y como recoge un comunicado de prensa que emite su comité de empresa. Así pues, en la tarde del 15 de Noviembre, el Ayuntamiento se encuentra en una encrucijada, en la que ellos mismos se meten, según la cual se ven obligados a limpiar las calles, pero carecen de las personas necesarias para ello. Y toman el camino de enmedio, que tiene sospechas de ilegalidad, publicando una oferta de trabajo a través de la página de la ETT Ranstad en la que se ofrecen 200 puestos de trabajo a razón de 85 € la noche. Lo primero que llama la atención es que 85 € la noche a 30 noches que tiene un mes, sale un resultado de 2550 € al mes, una oferta de sueldo que casi con toda seguridad no hubiesen rechazado los barrenderos. También resulta sorprendente que lo haga un Ayuntamiento que día sí y día también afirma que no tiene dinero para los servicios sociales. Pero, si miramos un poco más profundamente, la cosa no queda ahí. La Ley Orgánica 10/95, del 23 de Noviembre, del Código Penal, en su título XV, artículo 315.1 dice: "Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multas de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga". Supongo que ofrecer el pastón que ofrecía Ranstad, después de descontar su parte, en un país con 6 millones de parados, podría considerarse un abuso de situación de necesidad. Pero seguro que hay juristas que no está de acuerdo conmigo. Si nos vamos a la ley 14/1994, de 1 de Junio, por la que se regulan la Empresas de Trabajo Temporal, en su Artículo 8, de exclusiones, leemos." Las empresas no podrán celebrar contratos de puesta a disposición en los siguientes casos: a) Para sustituir a trabajadores en huelga en la empresa usuaria". Esto ya parece algo más claro, ya que la empresa usuaria es el Ayuntamiento de Madrid, que busca sustituir a unos trabajadores en huelga. Aunque seguro que alguno de los asesores del ayuntamiento tiene una buena justificación para explicar esto y dejarlo de nuevo dentro de la legalidad, pero no dejaría de ser otra más de las falacias a las que no tienen acostumbrados los neoliberales. No pasen por alto que la misma alcaldesa que se salta a la torera la legislación sobre el derecho a huelga, es la misma que clama a Rajoy para que la modifique, supongo que para que se adapte mucho mejor a su manera de hacer las cosas.

Una manera de hacer las cosas que, dicho sea de paso, recuerdan mucho a otra época. En 1931, siendo ministro Largo Caballero, se promulgan una serie de decretos con la intención llevar a cabo una mejora en las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas, especialmente en Extremadura y Andalucía. Estos decretos fuero el de 'Términos Municipales', del 28 de Abril de 1931, en virtud del cual, se tenía que contratar a trabajadores de la zona para las labores del campo, especialmente durante la cosecha, que es cuando más trabajo había, el de 7 de Mayo de 1931, o de 'Laboreo forzoso' de la tierra, que prohibía dejar extensiones de tierra sin cultivar y establecía la organización de comisiones paritarias entre trabajadores y terratenientes para la solución de conflictos, los llamados 'Juzgados Mixtos'. También se establecieron turnos de trabajo, de tal manera que el trabajo existente en una zona se repartiera entre sus habitantes. Con la llegada del Gobierno de Lerroux, apoyado por la CEDA de Gil-Robles, se nombra a Nicasio Velayos, del Partido Agrario y terrateniente, Ministro de Agricultura. En ese momento, se empiezan a incumplir los decretos anteriormente citados, dificultando a los trabajadores sindicados el acceso al trabajo, y saltándose el decreto que fijaba en 8 horas la jornada de trabajo. Cuando esta situación desemboca en una huelga convocada por la FTT (Federación de Trabajadores de la Tierra), los terratenientes contratan a esquiroles gallegos y portugueses para reventarla, pagándoles casi el doble de lo que ofrecían a los trabajadores andaluces y extremeños. Tal vez a algunos les parezca exagerado comparar una época con otra. Pero no tranquiliza saber que cuando se derogó el decreto de 'Términos Municipales', se suspendieron infinidad de ayuntamientos, casi todos socialistas, adivinen, para evitar 'duplicidades y despilfarros'. En su lugar se colocaron a delegados gubernamentales elegidos a dedo, poco más o menos como lo son a día de hoy los presidentes de las Diputaciones Provinciales. Si esto no es poco más o menos lo que se consigue con la Reforma de la Administraciones Públicas, no podrán negar que se le parece. Tal vez esté equivocado y resulta que la nuera del Manuel Aznar tiene una cultura democrática basada en el diálogo, la atención a la diversidad y el exquisito respeto de la legislación. Pero me temo que no nos van a faltar ocasiones para comprobarlo, máxime cuando la lavandería central hospitalaria de Mejorada del Campo y los técnicos de alumbrado público ya se han puesto en huelga también. Entre tanto, Rajoy anuncia una Ley de Servicios Mínimos que garanticen los servicios mínimos esenciales en caso de huelga. La pregunta es que si son esenciales, por qué se privatizan. Yo, por si acaso, me quedo con una frase de uno de mis Cómics favoritos, Sin CIty, de Frank Miller, que dice algo así: 'El poder es mentir, y mentir a lo grande, hasta que todo el maldito mundo esté de acuerdo contigo. Y cuando consigues que crean en lo que saben que no es cierto, entonces son tuyos.' ¿Les recuerda a alguien?

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