30 de julio de 2013

Chile, semblanza de un paraíso neoliberal

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Escrito por Emilio José.

Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen… ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor 
Salvador Allende, alocución radiofónica de 11 de septiembre de 1973, horas antes de su asesinato.

No se puede negar que el Fascismo y movimientos similares destinados a la creación de dictaduras están llenos de las mejores intenciones y que su intervención ha, por el momento, salvado la civilización Europea. El mérito que el Fascismo ha de ese modo ganado por sí mismo vivirá eternamente en la historia”.  
Ludwig Von Mises.

Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente.
Fiedrich Von Hayek, declaraciones al diario El Mercurio, 12 de abril de 1981.

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En Chile desde el año 2011 los movimientos sociales han vuelto a tomar las calles ante el desprestigio que sufre el actual sistema político. El sistema chileno adolece de una enorme falta de representatividad. Sus políticos no toman en consideración las necesidades de grandes capas de la población que se sienten abandonadas y han perdido la confianza en sus representantes legales. Esto puede observarse fácilmente en la participación en las elecciones democráticas que no alcanza a más del 40% del electorado.

El caso chileno no es muy diferente a lo que se está viviendo en España durante los últimos años o en otros países caracterizados por sus regímenes de democracias constitucionales. La población no se siente representada, se siente ignorada y sus actuales representantes políticos han caído en un absoluto descrédito que se refleja tanto en encuestas como en votaciones. El sistema está tan desprestigiado que muchos no votan o lo hacen con absoluto cinismo o desesperanza. Las tasas de abstención en democracias totalmente asentadas y, supuestamente, ejemplares sólo pueden provocar asombro y preocupación. Pero es lógico ante una población que ve como la corrupción y la connivencia entre los poderes representativos y económicos está carcomiendo los cimientos del estado Social.

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Entre muchos chilenos que han protagonizado las recientes protestas se encuentra la certeza de la falta de legitimidad del sistema constitucional. Es una democracia otorgada por una dictadura militar. Su Constitución data de 1980, los redactores fueron elegidos por el gobierno militar, el plebiscito que lo aprobó está sembrado de dudas ciertas acerca de su limpieza y las reformas que ha sufrido no han tocado la esencia de una Constitución donde la protección de los monopolios privados y las oligarquías es absoluta.

A Chile como a España y otros países que han protagonizado las reformas neoliberales de las últimas cuatro décadas les ocurre que se encuentran bajo un sistema de gobierno bancario – corporativo por ponerle un nombre que no tiene la pretensión de ser científico, pero que se acerca totalmente a la realidad. La connivencia entre el Estado y las empresas privadas es total. Los lobbies o grupos de presión empresarial como ocurre en Europa o EEUU tienen una responsabilidad directa en las políticas que toman los gobiernos del país.

Entre las principales quejas de los chilenos se encuentran las tasas y precios usureros que sufren a manos de los monopolios que controlan el agua, la banca, la electricidad, la alimentación y otros servicios básicos. Los abusos a los ciudadanos no son corregidos y éstos sienten una enorme desprotección. Pero, es obvio, que esta enorme concentración de la propiedad y el control que ejercen los poderes económicos sobre el regulador faciliten los abusos que cometen estas corporaciones. Las mismas son las que se apropian de la mayor parte del crecimiento económico que ha vivido Chile en estos últimos años donde el 85% de la facturación de ventas pertenece únicamente al 1% de las empresas o que el 95% de las exportaciones lo realicen igualmente el 1% de las empresas.

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Por tanto, a pesar del crecimiento económico – éste se ha cuadruplicado en los últimos veintitrés años – el país se encuentra sumido en enormes problemas sociales. Problemas, totalmente, silenciados y olvidados tanto por la prensa como por el Parlamento. Cuando puede haber visos de un cambio político la oligarquía y sus medios sacan la bandera del miedo, el peligro de la polarización social y el recuerdo de la dictadura militar. De todas maneras, es muy complicado que pueda darse este cambio social y político porque en la Constitución se ha blindado que cualquier cambio de calado pueda ser vetado por un tercio del Parlamento. Por tanto, prácticamente, con poco más de un 15% del censo electoral chileno.
De cualquier modo, los chilenos no pueden distinguir en su actual bipartidismo al que conduce su sistema binominal carente de representatividad entre la izquierda y la derecha.

Las carencias del sistema se pueden mostrar en las tasas de pobreza que sufre Chile, aunque estas tasas dependen siempre de cómo se midan. La pobreza medida según la metodología del gobierno alcanza al 14,4% de la población. Está bastante bien. Pero, el problema se avecina si lo medimos según la metodología estadounidense donde alcanzaría al 35% o la europea que nos daría una cifra cercana al 47% de la población. Por tanto, el gobierno – como buen alumno neoliberal – sólo contabilizaría una pobreza que raya la indigencia.

Chile podría decirse que es el perfecto laboratorio neoliberal. El paraíso soñado por Friedman, Hayek o Mises. Un espejo en el que podemos mirarnos para conocer nuestro futuro. No hay ningún derecho garantizado. Por ejemplo, el sistema de pensiones está privatizado y pertenece a 4 empresas financieras. Es un sistema de capitalización que cobra altísimas comisiones cercanas al 14%. El rendimiento para los trabajadores es bajo, puesto que, al 70% de los trabajadores les quedará una pensión de jubilación de menos de 100.000 pesos mensuales, alrededor de 158 euros. Por tanto, con esa pensión se puede considerar que en la próxima década habrá 5,6 millones de pensionistas pobres. La pensión promedio son 150.000 pesos que poco más da para sobrevivir.

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Las familias dedican mensualmente el 70% de sus rentas a pagos bancarios. Un sistema financiero oligopólico que, también, está controlado por 4 bancos. Como en muchos otros lugares las familias son esclavas de la deuda. Es lógico. La educación no está garantizada y 500.000 estudiantes tienen una deuda en préstamos para cursar sus estudios de 3.000 millones de dólares en un sistema altamente segregador y elitista. Una educación carísima herencia de una dictadura que redujo el gasto público en educación del 7% del PIB al 3%. Un sistema que como la sanidad y las pensiones son el negocio de unas pocas empresas y que ha visto como varios rectores han acabado en los tribunales por tráfico de influencias y sobornos.

Los abusos a los trabajadores también son habituales. No hay un derecho a la huelga, existen enormes problemas para sindicarse, el código del trabajo es el de la dictadura militar cuando los trabajadores fueron severamente “castigados” y sólo el 10% de los trabajadores tiene derecho a la negociación colectiva. Los bajos salarios fomentan el pluriempleo y la precariedad social en una gran mayoría de la población. El 76% de los trabajadores no superan el equivalente a dos salarios mínimos que no son complementados con transferencias sociales dado que el Estado tiene pocos ingresos y los bienes y servicios públicos, los recursos naturales están en manos privadas.

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Pero en Chile hay paz. No hay polarización social. Este es legado de la dictadura. La dictadura legó tranquilidad. No importa que haya tal cantidad de pobres ni tal cantidad de población precaria. No importan los problemas de vivienda ni la formación de guetos. Ni una sanidad dual que permite que el sistema privado se lleve casi la mitad de los recursos económicos mientras sólo atiende al 20% de la población. Ni que un tratamiento contra el cáncer cueste 40 millones de pesos, 15 salarios medios anuales.

Lógicamente sin ayuda te puedes dar por muerto. Ni que haya una transferencia brutal de riqueza hacia el 1% de la población, ni que las transnacionales – extranjeras –  se lleven los recursos de los chilenos y estén exentas de pagar impuestos. Este es el precio de la paz social. Este es el precio de estar tranquilos.


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