13 de enero de 2013

¿Es viable la sanidad pública española?

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Imagen manifestación Sevilla - Contrafoto.org













Introducción histórica

A raíz del comienzo de la crisis económica internacional en 2008, visible de la forma más clara con
al quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers, se desencadenan cientos de acontecimiento a
un ritmo vertiginoso que sin lugar a dudas provocarán un cambio radical del mundo a medio plazo.
Uno de dichos cambios es la puesta en duda de la viabilidad del Estado del Bienestar, el modelo
económico y social iniciado tras la II Guerra Mundial en los países europeos occidentales y algunos
otros y que garantiza a la ciudadanía determinados servicios básicos como la educación, la sanidad,
la prestación por desempleo o las pensiones.

Este modelo supone una fuerte ruptura con el liberalismo imperante antes de las Grandes Guerras,
que propugnaba la no intervención económica del Estado y la libre regulación de los asuntos
económicos por parte del Mercado.

Con la crisis del petróleo en los 70, el modelo socialdemócrata comienza a ser cuestionado por un
renacido neoliberalismo liderado por los conservadores Margaret Thatcher en Reino Unido y
Ronald Reagan en Estados Unidos. Los partidos de centro-izquierda que construyeron y
propugnaron el Estado del Bienestar pierden fuelle y sus principios comienzan a diluirse, como es
visible en el Nuevo Laborismo de Tony Blair. Sin embargo, a pesar de los retrocesos que sufre en
los años 80 y 90 (con la privatización de sectores clave de la economía), el Estado del Bienestar
sobrevive con más o menos fuerza, dependiendo del país, sobre todo en lo referente a servicios
sociales. La elección del demócrata Barack Obama en EEUU, con un programa con algunas
propuestas socialdemócratas, incluso podría apuntar a una exportación a pequeña escala del Estado
del Bienestar al centro neurálgico del liberalismo.

Pero la crisis económica despierta al fantasma del neoliberalismo que recorre la vieja Europa. El
descenso brutal de los ingresos, especialmente en nuestro país a causa del elevado desempleo, hace
que surja un nuevo problema: el pago de la deuda pública contraída en años de bonanza. Con los
ingresos bajo mínimos, los abultados gastos fruto del mantenimiento del Estado del Bienestar se
convierten en el punto de mira de las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y europeas como el Banco Central Europeo (BCE).

Bajo el liderazgo de Alemania y Francia, dirigidas por los conservadores Angela Merkel y Nicolás
Sarkozy, la ideología neoliberal se extiende como la pólvora por la Unión Europa. Gobiernos
socialistas, como el griego Papandreus, el español de Rodríguez Zapatero o el portugués de
Sócrates, se ven abocados a iniciar la senda del ajuste presupuestario más tajante.
Las exigencias de los Mercados financieros por percibir en tiempo y forma los pagos de la deuda
pública y las dudas de estos sobre los países más débiles dispara la prima de riesgo y lanza al
precipicio a algunos de ellos, como Grecia, Irlanda y Portugal, que deben ser recatados por la Unión
Europea y el FMI., que les imponen a los gobiernos nacionales duros planes de ajuste de obligado y
puntual cumplimiento. La presión de los Mercados sobre determinados gobiernos llega a ser tal que
en Italia y Grecia se ven obligados a cambiar sus ejecutivos vía express, sin consulta popular, por
tecnócratas vinculados a los poderes financieros, Monti en Italia y Papadopoulos en Grecia. España
y Portugal por su parte adelantan las elecciones ante la previsión de una situación similar, saliendo
de ambos comicios gobiernos conservadores, Passos Coelho en Portugal y Rajoy Brey en España.

Situación actual: deudas y recortes

La misma Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el Sistema Nacional de Salud
(SNS) español es uno de los mejores del mundo, sin embargo este reconocimiento no es suficiente
para mantenerlo en pie. El SNS se enfrenta a un doble problema: el descenso de los ingresos de las
administraciones pública lo condena a un fuerte recorte de su financiación y la deuda con
proveedores (industria farmacéutica, empresas de tecnología sanitaria, etc) asciende a 15.000
millones de euros. Todo ello en un marco general de envejecimiento de la población que
irremediablemente provoca un aumento en las necesidades sanitarias de la población.
Debido a la descentralización del Estado, son las Comunidades Autónomas las que tienen
transferidas las competencias en sanidad y encontramos distintas medidas para solucionar o paliar
los problemas.

Tras la victoria de Convergencià i Uniò (CiU) en las elecciones, Cataluña inició un duro plan de
ajuste de todos los sectores públicos, incluida la sanidad, recortando en un 10% el presupuesto
sanitario para 2011 con el objetivo de ahorrar 1.000 millones antes de que finalizase el año. Las
medidas fueron iniciadas en el verano: reducción del 25% de camas, lo que implicaba un descenso
de 1.000 camas sobre las más de 4.000 existentes, el cierre parcial de quirófanos y hospitales y una
nueva rebaja del 5% a los sueldos de los trabajadores (el gobierno central ya redujo en otro 5% los
sueldos de todos los trabajadores públicos). Ruiz Boi, Consejero de Sanidad de la Generalitat,
justificaba estas medidas con el objetivo de “garantizar la viabilidad del sistema.”

Andalucía, gobernada por el Partido Socialista (PSOE), por su parte convocó subastas de
medicamentos con el fin de ahorrar, según la Consejera del ramo, entre 40 y 200 millones al año en
gasto farmacéutico. Estas subastas consisten en priorizar el uso de genéricos al ser la baza principal
el principio activo del medicamento, algo que perjudica a las marcas. Sin embargo esta decisión
paso por un cierto litigio legal al ser denunciada por el Gobierno Central, hasta que finalmente el
Tribunal Constitucional permitió su puesta en marcha.

En Castilla-La Mancha, todas las alarmas se encendieron cuando su ejecutivo suspendió los pagos a
las farmacias de la región. La Junta le adeuda al sector farmacéutico 113 millones. Para paliar la
situación, De Cospedal, Presidenta de la región, permitió la libre entrada de capital privado en
algunos de los hospitales más endeudados de Castilla-La Mancha.
Recientemente, la Comunidad de Madrid ha anunciado una profunda reforma del sistema sanitario
público con medidas tan polémicas como el euro por receta (que de hecho ha encontrado la
oposición del Gobierno Central, que es del mismo signo político) o la externalización/privatización
de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud.

Esta misma situación se repite en todas las CCAA, donde las privatizaciones, recortes,
endeudamientos, están a la orden del día. La gravedad es de tal calado que incluso ha provocado
enfrentamientos entre las administraciones regionales, como el protagonizado en los meses finales
de 2011 entre La Rioja y País Vasco acerca de cuál de ambas tenía la responsabilidad de atender las
necesidades sanitarias de los ciudadanos de La Rioja Alavesa.
A esto hay que sumarle las recientes y contundentes medidas tomadas por el gobierno de la
Comunidad de Madrid en materia sanitaria que han puesto al personal médico en pie de guerra.

Voces críticas

Como es natural, antes estas circunstancias, el estado de la sanidad se ha convertido en un tema de
actualidad y ha enfrentado, por un lado, a los sindicatos y trabajadores contra las distintas
administraciones, y por otro, a distintas posiciones ideológicas.
El ticket moderador introducido por el gobierno de Artur Mas, que busca combatir el “mal uso” de
los usuarios del sistema, ha provocado una cascada de réplicas y alegatos desde muy distintos
ámbitos.

Gaspar Llamazares, médico de profesión y Presidente de la Comisión de Sanidad en el Congreso en
la anterior legislatura, afirmaba que el copago era “inequitativo y discrimina a la gente con
enfermedades crónicas, peor accesibilidad al sistema o más baja renta”. El Presidente del Colegio
de Médicos deCastilla y León, Díaz Villarig, lo calificaba de “insolidario” aunque reconocía las
delicada situación financiera por la que atraviesa el SNS.

El trasfondo que se oculta en este debate acerca de la sanidad va más allá de ella y llega a las raíces
mismas del Estado del Bienestar, sobre la conveniencia de mantenerlo o desmantelarlo.
El comportamiento de la ciudadanía es clave para posicionar la balanza hacia uno u otro postulado.
El surgimiento del movimiento 15-M o las fuertes protestas organizadas por los sindicatos (la
llamada Marea Blanca) contra estas medidas apunta a la necesidad y reclamación ciudadanas de
mantener las prestaciones sanitarias y el Estado Providencia en general, pero una encuesta de
Metroscopia afirma que un porcentaje mayoritario de los españoles afrontan los recortes con
resignación y otro porcentaje considerable los ve necesarios.

Durante las protestas en Cataluña, en la que los trabajadores irrumpieron en el Instituto Catalán de
Salud (ICS) o los estudiantes del MIR cortaron la Gran Vía barcelonesa, el Sindicato Médico
Catalán y la UGT denunciaban la unilateralidad de los recortes, así como el estado de crispación
existente en los hospitales ante la falta de medios y el consecuente aumento de las listas de espera.
Precisamente estas son algunos de los errores cometidos por las políticas de recortes que denuncia
el Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano
Sánchez, que en su tribuna en El País decía: “una política que implique más a el personal en el
propio sistema para que se sienta identificado y comprometido”. Es decir unos de los problemas del
SNS es la desafección de los profesionales que trabajan en él, incentivándolos a marcharse a la
sanidad privada. Algo parecido ya se apunta en el Informe Abril, fechado en 1991.

En el caso del recorte catalán, que es el que más polémica ha traído consigo, ya se habla de
conflicto de intereses entre la sanidad pública y privada. Así lo exponen diversos medios como El
País, que señalan que el Presidente del ICS de estar vinculado con la sanidad privada, de lo que se
deduce su interés en disminuir la calidad de la pública para propiciar así un trasvase de usuarios de
centros públicos a privados. Sombras similares se han cernido en el caso de Madrid sobre su
Director General de Hospitales, Antonio Burgueño.
Estos indicios confirmarían las sospechas y acusaciones de sectores contrarios a los recortes y
privatizaciones y desmontarían los argumentos que abogan por tales como únicos métodos para
garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público.


Equilibrio y Reforma del SNS español

En los últimos años, en la opinión pública de países centrales y norteños de la Unión Europea, se ha
venido gestando la idea de que los Estados del Bienestar de los países sureños están
sobredimensionados en comparación con nuestra riqueza. Bajo esta idea, fomentado por
determinados políticos para negar las ayudas o rescates a países en apuros para no pagar “la fiesta
en el Sur”, se cimienta la obligatoriedad de los planes de ajustes dictados desde Bruselas. E incluso
esa concepción de la realidad ha comenzado a calar en la ciudadanía de países rescatados como
Portugal o la propia España. Sin embargo, algunos datos muestran realidades distintas. Según datos
de la OMS, cada ciudadano español paga por la sanidad pública 1.500 euros anuales, frente a los
2.600 de los alemanes o los 2.100 de la media europea. El porcentaje del PIB español que se destina
a sanidad es del 9,7, en Alemania del 11,6 y en EEUU del 17,4. Esto podría hacer pensar que la
sanidad española es de peor calidad o cuenta con menos recursos que otras, sin embargo, nuestra
esperanza de vida y otros parámetros demuestran, en palabras de la misma OMS, la gran calidad del
Sistema Nacional de Salud en España. Esto significa que la sanidad pública de nuestro país es
bastante rentable en comparación con otras.

A pesar de ellos, distintos expertos como Marciano Sánchez, Javier Rey del Castillo o Abril
Martorrel en su famoso informe abogan por una reforma del SNS que garantice una mayor
rentabilidad. Según ellos, el mayor problema financiero del sistema sanitario no es el mal uso del
ciudadano sino la excesiva burocratización del SNS, que provoca demasiados gastos
administrativos y la existencia de cargos intermedios de funciones prescindibles. La financiación
sanitaria también ve en el abultado gasto farmacéutico uno de los principales escoyos para
sostenerse. Marciano Sánchez además propugnaba en su ya mencionada tribuna el cese de las
privatizaciones, afirmando que son negativas tanto en materia económica como sanitaria, y Javier
Rey va más allá y en su estudio destaca la necesidad de crear una nueva Ley General de Sanidad.
El Informe Abril al que hacíamos referencia merece, tanto por su contenido como por su historia,
una mención destacada. Redactado por una Comisión del Congreso de los Diputados dedicada al
análisis del SNS, sus resultados desvelaron profundas grietas estructurales en el modelo sanitario
español. Para ello propusieron 64 medidas concretas para hacerlo viable, que atañían a la
financiación, la gestión y la organización. Una de las más importantes era una mejor coordinación
de los distintos servicios de salud a través de un Consejo Interterritorial con mayores competencias.
El carácter rompedor del informe lo condenó al ostracismo, siendo atacado por todas las fuerzas
políticas del momento y guardado en el cajón sin debate alguno.


Conclusión reflexiva

Hemos podido comprobar a través de las fuentes y estudios consultados que el debate acerca de la
sanidad no es un asunto exento de ideología. Este hecho dificulta diagnosticar los problemas que
padece el SNS, que sin lugar a dudas los sufre, aunque parece ser que los más importantes (los de
organización y gestión) están siendo relegados por los más urgentes (los de financiación).
El actual Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, abogó en el debate de investidura por un pacto
de Estado en Sanidad. Este quizás sería el primer paso para la necesaria reforma del sistema de
salud, un proceso en el que todas las fuerzas políticas y sociales dejasen al margen sus ideologías y
mirasen solo en la viabilidad y sostenibilidad del sistema bajo tres valores esenciales, postulados
por Marciano Sánchez: “accesibilidad, gratuidad en el momento del uso y excelencia clínica”. Sin
embargo el camino emprendido por el ejecutivo del Partido Popular dista mucho hasta el momento
de seguir esa senda marcada por su líder en el inicio de la legislatura, como demuestra la imposición
del RDL 16/2012.

Ni la izquierda ni la derecha están interesados en el desmonte de uno de los pilares claves del
Estado del Bienestar. La izquierda porque si es incapaz de defender su modelo de Estado constatará
los rumores que la acusan de debilidad política y social. La derecha porque no desea convertirse en
la bestia negra privatizadora que saque a la calle a una ciudadanía indignada ante el ataque al que
considera uno de sus derechos fundamentales.

Por otro lado, los datos y estudios nos confirman que el problema de fondo de la sanidad no se
solucionará con recortes, sino con una reforma de arriba a abajo. España tiene un SNS rentable,
viable y sostenible, admirado por otros países de Europa o Latinoamérica. Esto es extensible al
resto del Estado del Bienestar, un modelo que demostró durante muchos años su capacidad para
crear una economía sana y una sociedad equilibrada. Son muchos economistas como Alberto
Garzón, Paul Krugman o Juan Torres los que defienden que otra salida a la crisis es posible y
necesaria, pero esta solo será realizada a través de una reforma sistemica y estructural y la voluntad
política imprescindible para llevarla a cabo. La Sanidad necesita reformas basadas en consensos, no
recortes procedentes de decretos.

Artículo realizado por Alfonso Torres.

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