11 de diciembre de 2012

Una constitución que es papel mojado

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El 6 de diciembre de 1978 el pueblo español ratificó la Constitución con una amplia mayoría. Nacía la Carta Magna que tendría que regir la voluntad de la recién nacida democracia tras cuatro décadas de dictadura franquista.
Con motivo de la conmemoración de su 34 aniversario me he propuesto mostrar que es evidente la vulneración flagrante de sus principios.


Artículo 1 “La soberanía reside en el pueblo”
1.                   España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2.                   La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
3.                   La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

A la vista de todos está que la soberanía reside en esos llamados “mercados”, que no son si no los poderosos que le dictan al gobierno las medidas que vayan en su beneficio. Los valores superiores de justicia los vemos en los indultos del PPSOE a torturadores, banqueros, corruptos y ladrones. A la monarquía prefiero no mencionarla, que en el país de las libertades me metería en un lio.

Artículo 14 “Igualdad ante la ley”
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Excluir a los inmigrantes de la sanidad pública es tan igualitario como la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Artículo 27 “Derecho a la educación”
1.                Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.


Un derecho tiene sentido si puedes ejercerlo, en el momento en el que la educación es accesible solo si puedes costearla se convierte en un privilegio. El brutal aumento de las tasas universitarias ha excluido este año a más de 150.000 jóvenes, (un descenso del 10% tan solo en un año). Lo mismo es homologable a la justicia o la sanidad, también reconocidos como derechos fundamentales en la Carta Magna.

Artículo 31 “Sistema tributario”
1.                  Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2.                  El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3.                  Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Las grandes empresas no pagan impuestos, el 80% de las empresas del Ibex tienen presencia en paraísos fiscales, las grandes fortunas se benefician de privilegios fiscales como las Sicav, la amnistía fiscal premia al defraudador con el agravio moral de aquel que ha cumplido con la ley. Los recortes y la obsesión enfermiza por el déficit chocan frontalmente con esos “criterios de eficiencia y economía”. El dinero recaudado con nuestros impuestos se asigna equitativamente a bancos y cajas de ahorro.

Artículo 35 “Derecho al trabajo”
1.                 Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

¿Derecho al trabajo? ¿En España? Con la tasa de paro más alta de la OCDE, con cerca de dos millones de familias sin ningún ingreso, con la inconsolable cifra de cinco millones de parados, con las sucesivas reformas laborales que dilapidan los derechos conseguidos tras décadas de lucha. No me hagáis reír.

Artículo 44 “Acceso a la cultura”
1.                Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
2.                Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Esto lo garantizarán los poderes públicos subiendo el IVA del 8 al 21%, convirtiendo a España en el país con un IVA cultural más alto del mundo, (Francia tiene el 5,5%, Alemania el 7%, Italia el 10% y Portugal o Grecia el 13%).
Los poderes públicos promoverán la ciencia recortando en I+D+i (en 2012 solo se destina un 1,33% del PIB) condenando a nuestros investigadores al exilio y rezándole a la virgen del Rocío.


Artículo 47 “Derecho a la vivienda”
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

De entre todos, quizás este es el mayor insulto que nos brinda la Carta Magna. La espeluznante cifra de 537 familias desahuciadas a diario con una ley que data de 1903 nos permite hacernos una idea de la tragedia. Bancos con casas valoradas con los precios anteriores a la burbuja son rescatados con el dinero de los ciudadanos para no reflejar pérdidas en sus balances y seguir repartiendo el dinero que nos expolian en los dividendos del accionariado. Este sistema perverso como es el español, donde te quitan la casa, se la quitan al que te avalo y encima sigues teniendo una deuda con el banco al que han rescatado con tus impuestos.

Artículo 50 “Derecho a las pensiones”
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Los poderes públicos se reservan el derecho a expoliar a nuestros mayores recortándoles su sustento y su derecho a una vida digna cuando así lo estimen oportuno. Dejarán que el encarecimiento de la vida erosione su poder adquisitivo para así poder seguir llenándose el bolsillo y construyendo aeropuertos sin aviones.

Artículo 56
3.                La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.

Sin comentarios.

Artículo 128
1.                Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
2.                Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Este artículo se comenta por sí mismo. Por poner solo un ejemplo el gobierno pretende privatizar hasta el agua vendiendo el canal de Isabel II con todo lo que conlleva.

Artículo 135 “La soberanía reside en la banca alemana”
1.                 Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2.                 El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros.
Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
3.                 El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.
1.                El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
4.                 Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
5.                 Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará: a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
6.                 Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

El 27 de septiembre de 2011 el PPSOE reformo la Constitución con nocturnidad y alevosía, sin debate ni consulta popular se pusieron de acuerdo para arrodillar a España ante los acreedores internacionales por una deuda y sus descomunales intereses resultado de socializar las pérdidas de los bancos. Como el texto recoge, su pago gozará de prioridad absoluta, por encima de las pensiones, los salarios de la administración pública, la educación o la sanidad. Hipotecando el futuro de generaciones a una deuda de la que ellos no han sido responsables y mostrando que España está tan intervenida como Grecia.

Artículo realizado por Gonzalo Santamarta - Sección de Libre Publicación.

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