2 de julio de 2012

La impunidad de la amenaza

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Si hace unos meses me asustaba ante la brutalidad policial contra adolescentes valencianos y la presencia de elementos simpatizantes de las ideas ultraderechistas o neonazis en los cuerpos de intervención policial, las últimas semanas muestran un repunte de las ciber-amenazas fascistas contra personas relevantes en el ámbito de la izquierda o el activismo social.



Que los grupúsculos de la extrema derecha están muy vivos lo sabe cualquiera que haga un mero ejercicio de observación y que su actividad no ha sido jamás perseguida con firmeza por los dos grandes partidos es evidente.



Desde las tramas negras vinculadas a la red GLADIO de la OTAN desveladas por el Juez italiano Felice Casson, que en España dependían directamente de los servicios secretos del Almirante Carrero Blanco, a las pandillas de nazis articuladas en torno al hooliganismo futbolero, han pasado más de cuarenta años para que, en mayor o menor medida, el espectro de la derecha extrema mantenga una presencia sostenida en el tiempo debido a la colaboración directa o a la laxitud indirecta.


Desde luego, las denuncias sobre conciertos, campamentos de entrenamiento, publicaciones, agresiones,... no han venido solo del activismo antifascista que, desde finales de los años 80, investiga y combate de manera directa esta amenaza. Onegés como el Movimiento Contra la Intolerancia o SOS Racismo vienen señalando la tolerancia de instituciones políticas, judiciales y policiales.

Recientemente he podido ver el documental «Ojos que no ven» [1], un gran trabajo de investigación del realizador Luis Moles. En él se visualiza y se da voz a las víctimas del odio fascista en democracia, personas invisibilizadas bajo el velo del discurso de la “mejor Transición”, aquella que supuestamente acabó con los vestigios franquistas.

Pero la realidad, cuando se busca, es tozuda y, por lo menos, 85 asesinatos con nombres y apellidos recogidos en la web del documental [2] empañan ese relato de “cosas del pasado” con el que la derecha y la pseudo-izquierda cierran cualquier debate sobre la presencia del odio faccioso.

No es nada extraño esta indiferencia en un país que dejó las heridas abiertas, que no compensó ni honró a los héroes que se enfrentaron a un golpe de estado de inspiración fascista que condujo a una guerra civil y a un régimen que se dedicó al exterminio sistemático de cualquier identidad física o cultural diferente.

Hoy, 37 años después de la muerte del dictador, más de cien mil compatriotas permanecen enterrados en fosas clandestinas, lo que nos otorga el segundo lugar del mundo en número de desaparecidos. Subcampeonato del horror conseguido con el tesón de los dos partidos de la alternancia bipartidista en construir una cultura de la desmemoria renunciando a la reparación y a la justicia.

Un Partido Popular que no se puede permitir mostrar su ADN franquista en hijos y nietos que hoy ocupan cargos de alta responsabilidad partidista o institucional. Un PSOE que comparte con el PP la doctrina de dejar tranquilas las cloacas del Estado para recurrir a ellas en momentos de excepción como nos dejó claro el GAL, terrorismo de estado que aunó en la chapuza asesina a la ultraderecha patria con los restos de la OAS francesa, engarzadas las dos como es habitual, por la hez de la mafia, en este caso marsellesa.

Que no se toquen las tramas negras o pardas parte de una concepción putrefacta del ejercicio del poder. Servicios que se dejan fermentar a su antojo para recurrir a ellos cuando hay que traspasar la fina línea de la legalidad. Los camorristas, los escuadristas, los Freikorps, las SA, los grupos de tareas, los matones mafiosos,... son ejemplos del uso ilegal de la violencia en defensa de una supuesta razón de estado.

No sé si será el caso, pero todas estas reflexiones me surgen al pensar en la inacción institucional, judicial y policial ante las amenazas, con filtración de datos personales y evidencias de seguimiento, a la Diputada de IU en la Asamblea de Madrid, Tania Sánchez Melero [3].

Si existe esta dejación con alguien aforado y especialmente protegido, puedo imaginar lo que le sucede a cualquier persona sin proyección pública que esté en el punto de mira de estos pistoleros.

Las amenazas a gente conocida son la punta del iceberg de la presencia soterrada de un terrorismo de baja intensidad que, con decenas de asesinatos y agresiones, pretende amedrentar a la izquierda real.

Partidos, organizaciones sociales y sindicatos deberían tomarse más en serio esa dejadez gubernamental sospechosa y exigir de manera enérgica investigación, denuncia pública, comparecencias al más alto nivel y, por supuesto, castigo legal.

La impunidad es la cueva donde se incuba la peste y ya sabemos por los millones de muertos que nos muestra la Historia como se las gasta la peste parda cuando está desatada.

[3]: Amenazas

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