25 de mayo de 2012

Impunistán.

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En la última semana los ciudadanos de este país hemos asistido a dos acontecimientos judiciales que hacen dudar sobre ese 'sacrosanto' principio del Estado de Derecho que señala que todos los españoles somos iguales ante la ley.

Por un lado, la escandalosa decisión de la Fiscalía de archivar la causa por malversación de fondos contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar. A Dívar se le acusaba de haber derivado dinero de los más de 12.000 euros de fondos públicos para gastos efectuados en más de 20 viajes a Marbella entre los años 2008 y 2012. El reglamento del Consejo General del Poder Judicial no obliga a los magistrados a especificar los motivos concretos por los cuales realizan un desplazamiento, lo cual, tratándose de fondos públicos, ya presenta una importante falla.

Aún así la Fiscalía, que no ve indicios de delito en el comportamiento de Dívar, si considera que dicho comportamiento le suscita “algunas dudas”. Dichas dudas, no han hecho ni inmutarse al presidente del CGPJ, mientras que agrupaciones de magistrados como Jueces Para la Democracia ya han pedido su dimisión. El caso también suscitó una gran polémica en las redes sociales y despertó las iras de numerosos internautas.

Por si fuera poco, el banquero de banqueros español, Emilio Botín, presidente del Banco Santander, fue el primer amnistiado fiscal de la historia de la democracia Española, ya que la Fiscalía decidió también archivar la causa por Fraude Fiscal que acusaba a Botín y a cinco de sus hijos de no haber declarado 2.000 millones de euros y de tenerlos en cuentas en Suiza.

A la vista de estos ejemplos, y con el borrador filtrado a la prensa de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la sensación de impunidad de las altas esferas del poder en España crece cada día en el seno de la opinión pública.

A la vez que estos 'prohombres' de la patria salen impunes, la nueva Ley prevé, por ejemplo, sanciones de hasta 30.000 euros por llevar la capucha puesta en una manifestación o por consumir sustancias estupefacientes (sin discriminar, al menos en el borrador, entre sustancias). Según el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se trata de “medidas disuasorias” encaminadas a que España no se convierta en un refugio del 'gamberrismo' y las drogas. Por cierto, que el señor Fernández Díaz no ha dicho nada del proyecto de leyes adhoc para atraer la construcción de Eurovegas, lugar atrayente de sanísimas costumbres como la ludopatía, la prostitución o, simple y llanamente, el crimen organizado.

Son sólo unos ejemplos que nos deja esta semana, pero, por desgracia, debemos esperar muchos más. La España del paro, la corrupción y la recesión se redondea con la España de la impunidad y la represión. 'Españistán' también es 'Impunistán'.

 Artículo realizado por Raúl García Hémonnet.

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