27 de diciembre de 2011

Terror

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[El colonialismo visible te mutila sin disimulo: te prohibe decir, te prohibe hacer, te prohibe ser. El colonialismo invisible, en cambio te convence de que la servidumbre es tu destino y la impotencia tu naturaleza: te convence de que no se puede decir, no se puede hacer, no se puede ser] Eduardo Galeano - El libro de los abrazos


El gobierno argentino, ha demostrado una vez más (exactamente al igual que en la década menemista) que es un alumno ejemplar. Con la necesidad de seguir siendo un país confiable, occidental y cristiano, la Argentina ha sancionado en tiempo record (y sin demasiada información) una modificación al régimen penal endureciendo las figuras delictivas que se agravan con la finalidad de “terrorismo”.

No es la primera vez que se legisla un tema socialmente sensible y particularmente reprochable en relación a la plena vigencia de los derechos humanos; ya en el año 2007, el mismo partido en el gobierno, impulsó modificaciones similares en cuestiones que se relacionan con el financiamiento e introdujo la figura de “asociación ilícita terrorista”.

Según juristas especializados, con la sanción de éstas medidas se copió, prácticamente de manera textual, las recomendaciones de los organismos internacionales cooptados por los Estados Unidos en particular el GAFI o Grupo de Acción Financiera. Las definiciones sobre qué se configura en terrorismo, lo encontramos en el texto de las actas sancionadas en el imperio en relación a éste tema: “Inmigration & Nacionality Act”, “Anti-Terrorism & Effective Death Penalty Act”y “USA Patriotic Act”. Mientras que en las resoluciones de la ONU como de otros organismos, se opta por no definir terrorismo, sino a instar a los países a controlar las fuentes o caminos del financiamiento del terrorismo.

Entonces la lógica de funcionamiento es: hacer lo que nos pide el imperio, aprobar leyes que nos convierta en “países confiables” y de paso le conferimos a los distintos niveles de gobierno la posibilidad de “domesticar” y reprimir cualquier movimiento social, iniciativa colectiva o individual que se encasille en lo que ese mismo gobierno considere terrorismo, en una clara tergiversación del alcance de las garantías constitucionales.

Pero la definición de impulsar estas modificaciones, no es sólo jurídica o legal, es principalmente política. Por lo tanto, la principal responsabilidad de su aprobación es del gobierno nacional y de sus legisladores adeptos. No se trata aquí solamente si la ley fue lo suficientemente discutida o no, si hubo debate o no, si hubo consulta a las organizaciones de derechos humanos o no. Este argumento que es sólo una parte de la ilegitimidad de la ley, fue creativamente destruido por la “intelligentsia” kirchnerista. Este grupo autodenominado intelectual, arguye todas las posibilidades del discurso y de la retórica para hacer crítica de la crítica a su modelo; pero no saben como contestar cuando le discuten con fundamentos y recurre en ese momento al agravio, la desacreditación y el insulto que confirma su mediocridad.

De ésta manera se oyeron voces en contra del proyecto aprobado, incluso de personalidades aliadas al gobierno nacional, que manifestaban su disconformidad. Cada uno con distinto matiz, se encargó de hacer notar que no todo puede aprobarse por la fuerza de los votos y no oír las voces minoritarias. El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), a través de su presidente Horacio Verbitsky declaró que "es absurdo agravar" la pena de todos los delitos por la posibilidad de que estén vinculados al terrorismo porque crea un desequilibrio en el Código Penal, donde estos hechos "pueden terminar teniendo penas más altas que delitos más graves". Y al mismo tiempo que “la ley debe ser clara y precisa, pero en este caso se habla de delitos destinados a aterrorizar a la población, lo cual es de una amplitud aterrorizante. Y además nos preocupa el contexto de este proyecto porque es una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la amenaza de excluir a la Argentina" de ese organismo, dijo el titular del CELS.

Por su parte, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, afirmó que la urgencia con que se aprobó la ley tiene que ver con las imposiciones de los Estados Unidos y el GAFI “para asegurar sus inversiones financieras y el control de los movimientos sociales, indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantiles”.

Mientras que Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fustigó duramente la norma al decir que es simplemente “un disparate” al ser el producto de la presión y extorsión del GAFI; la presidente de Madres de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto criticó la nueva ley al decir que su aplicación supone dudosas consecuencias.

Lo anecdótico de las voces aliadas al gobierno nacional que se expresaron en contra de la nueva ley antiterrorista, es que siempre dejaron en claro que con “éste gobierno” no se utilizará la ley para reprimir la protesta social o para criminalizar el reclamo, como así tampoco se avanzará sobre garantías constitucionales. Su preocupación es por la aplicación futura de la ley bajo ¿otra? bandera política…

¿O creen que somos ingenuos o estas personas respetadas en todos los ámbitos ya no saben como justificar lo injustificable? La ley antiterrorista es de espíritu fascista, el miedo no es para el futuro, el terror es para el presente. Su simple aprobación ya deja lugar para interpretaciones dignas de la época de la Inquisición.

Más repulsivo aún es escuchar a Aníbal Fernández (Senador, ex Jefe de Gabinete) o Florencio Randazzo (Ministro del Interior) defender la ley antiterrorista con el único argumento de que fue aprobada por el Congreso de la Nación y que sirve para ubicar al país en el selecto G-20. Pero ¿qué pasó con la Soberanía? ¿Con los Derechos Humanos, con las Garantías Constitucionales? ¿Qué pasó con lo Nacional y Popular que tanto dice defender este gobierno?

En fin, triste es que se haya aprobado un “mandato” directo del imperio sin ningún tipo de debate y construcción responsable, triste es que bajo el estado de derecho se impulsen éstas barrabasadas, triste (pero entendible al fin) es que funcionarios nacionales intenten “dibujar” y justificar una ley de espíritu autoritario y antidemocrático; pero más triste aún es escuchar a dirigentes reconocidos, respetados en todo el mundo por su lucha en defensa de los Derechos Humanos decir que el peligro de una ley de esta calaña es potencial y aparente.

No es tan triste, saber que ninguno de los eximios intelectuales del kirchnerismo, su red de blogueros y opinólogos experimentadísimos, fanáticos de pluma agresiva ya dueños de consultoras y autodidactas de la palabra militante, no se hayan expresado ante éste hermoso regalo de navidad que nos deja el gobierno nacional.

No es tan triste porque seguramente a no pocos de ellos les está haciendo ruido y no saben como ponerse la remera del “antiterrorismo”. Y tampoco es tan triste, porque nos da la razón de no ser parte de un movimiento político que se queda a mitad de camino en la transformación social y que integra a lo más rancio de las clases conservadoras de la Argentina, tal como lo explicaba en un artículo anterior.

En fin, me gustaría saber que piensan y si se animan, a expresarlo. Mientras tanto, claramente me he convertido en terrorista al igual que todos los que lean este artículo…

Artículo realizado por Andrés Fernández, colaborador de Hablando República en Argentina y director de Mix Político.

1 comentario:

  1. evidentemente cualquier medida que sirva como tenaza y como antiprotesta es seriamente preocupante, más en el estado en que se encuentra la Oposición en este país: lamentable.
    Gracias por difundir este tipo de informacion que al menos no concientiza de los alcances de las nuevas medidas gubernamentales.
    un saludo

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