15 de noviembre de 2011

Discursos de resistencia, acciones de dependencia. Sobre el modelo extractivo y la mega-minería en Argentina

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Con la primera parte del título, bien podríamos describir lo que ha sido una constante en la línea política del actual gobierno nacional argentino. Por momentos, la Presidente Cristina Fernández (que en diciembre comenzará su segundo mandato), destella discursos brillantes de la unión latinoamericana, de las reivindicaciones de la Patria Grande de Bolívar, de una posición de resistencia ante el capital trasnacional y sus socios favorecidos del país. Por momentos ensaya una postura neo desarrollista, del fortalecimiento de la industria nacional, mediante una consolidación de la burguesía criolla. No sin antes hacer gala de los millones de pesos destinados al fortalecimiento de las condiciones de vida de las mayorías nacionales, olvidando quizás (un pequeño detalle) los mil millones de pesos por año para el financiamiento de la Asociación de Fútbol Argentino y su sistema público de televisación. Pero las contradicciones recién comienzan. El mayor núcleo de tensiones entre lo discursivo y lo realmente actuado, entre el discurso y la decisión política, se encuentra probablemente en el caso de la explotación minera a gran escala; ejemplo por excelencia del actuar de los grupos trasnacionales del capital concentrado en nuestros países.


Ciertamente, como menciona Maristella Svampa, el paradigma extractivista cuenta con una larga y negra historia en América Latina, marcada por la constitución de enclaves coloniales, altamente destructivos de las economías locales y directamente relacionado con la esclavización y empobrecimiento de las poblaciones. El símbolo de esta cultura de la expoliación ha sido sin duda Potosí, en la vecina Bolivia, que a partir del siglo XVI supo alimentar las arcas y contribuir al temprano desarrollo industrial de Europa. Ahora bien, pese a que la explotación y exportación de bienes naturales no son actividades nuevas en nuestra región, resulta claro que en los últimos años del siglo XX, y en un contexto de cambio del modelo de acumulación, se ha venido intensificando la expansión de proyectos tendientes al control, extracción y exportación de bienes naturales a gran escala. Para graficar ésta situación basta citar a Bebbington (2007), para mencionar que “ya en el período 1990-1997, mientras la inversión en exploración minera a nivel mundial creció un 90%, en América Latina, creció 400%”.

Pero más allá de los datos estadísticos y del frío de los números, lo importante para señalar aquí es que la cuestión de la minería, al igual que todo el aparato productivo, el sistema regulatorio y legal como así también toda la estructura estatal; fueron parte en los años noventa, de un amplio y profundo proceso de reformas impulsadas por el neoliberalismo. Muchas de aquellas reformas, como así también el sistema social que luego se instaura, siguen hoy vigentes y actuando desde las sombras.

Gracias a esas reformas de los noventa, las grandes empresas que comenzaron con las exploraciones de búsqueda de yacimientos en aquellos años; son las que en ésta última década comenzaron la explotación a gran escala y con inmensas facilidades (desde financiamiento público vía exenciones, mínimas o inexistentes condiciones de control sobre el impacto ambiental, lobby encabezado por las provincias en el Congreso Nacional, hasta ocultamiento de información, compra de favores en el sistema de justicia (ante denuncias de contaminación y/o aumento de enfermos por esa contaminación), intervención y censura en los medios de comunicación. El ejemplo quizás más imponente de ésta situación, podría representarlo la provincia de San Juan, ubicada en el extremo oeste de la República, en el límite con Chile. Su gobernador Gioja, es miembro de una familia que hace negocios y participa en las ganancias que produce la explotación minera; es el principal referente (junto a su hermano) del lobby minero en el Congreso de la Nación y un aliado de hierro del Gobierno Nacional. En las últimas elecciones provinciales, fue reelecto con casi el 70% de los votos y, por qué no pensar también, con su campaña política financiada por la Barrick Gold.

¿Pero de qué hablamos cuándo nos referimos a la mega-minería o minería a cielo abierto?

En la actualidad, los metales, cada vez más escasos, se encuentran en estado de diseminación, y sólo pueden ser extraídos a través de nuevas tecnologías, luego de producir grandes voladuras de montañas por dinamitación, a partir de la utilización de sustancias químicas (cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, entre otros) para disolver (lixiviar) los metales del mineral que los contiene. En suma, lo particular de este tipo de minería (a cielo abierto), diferente de la tradicional, es que implica niveles aún mayores de afectación del medio ambiente, generando cuantiosos pasivos ambientales, al tiempo que requiere tanto un uso desmesurado de recursos, entre ellos el agua y la energía, ambos imprescindibles para sus operaciones, como asimismo, intervenir de manera violenta la geografía de los territorios para la explotación.

En fin, como mencionáramos al inicio, sería éste el principal núcleo de tensiones entre el discurso y la decisión política del kirchnerismo; pero tal vez esa puesta en escena de una narrativa desarrollista no es inocente y busca legitimar (de forma encubierta) una re-primarización del sistema productivo y sus “posibles” efectos no deseados. Según Maristella Svampa, “la continuidad de la política, el involucramiento de la estructura del Estado nacional, y por supuesto, el compromiso aún mayor de sus homólogos provinciales, demuestran hasta qué punto este tipo de minería se ha convertido en Política de Estado”.

Un ejemplo por demás elocuente de ello es el reciente veto presidencial a la ley de protección de los glaciares (ley 24.618), votada por una amplia mayoría del Congreso Nacional, y que constituye de parte del actual gobierno un claro gesto de apoyo a los intereses de la minería transnacional, en este caso en favor de la compañía Barrick Gold, quien a través del proyecto binacional Pascua-Lama, compartido con Chile, se encamina a desarrollar una explotación de oro y plata sobre los glaciares de altura en la región cordillerana. Asimismo, en diciembre de 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaraba de “interés nacional” la explotación de potasio en Mendoza, por parte de la transnacional Río Tinto; antes de conocerse el informe de impacto ambiental, en diciembre último, y de manera simultánea, entregaba a dicha empresa 60 hectáreas en el puerto de Bahía Blanca. En tal sentido, y sin minimizar el papel protagónico de los estados provinciales, no cabe duda que ha sido y es el gobierno nacional quien ha ratificado y fortalecido a la mega-minería, poniendo todo el aparato del Estado, sus instituciones, al servicio del modelo minero.

Estas líneas sólo buscan disparar el debate, en búsqueda de una verdadera actitud de resistencia ante las acciones de las empresas y grupos trasnacionales del capital concentrado. Para ello sería interesante, profundizar el análisis en relación a algunos elementos tales como el imaginario productivo que subyace en la sociedad argentina; que sólo considera a la producción agrícola como forma de crecimiento económico y a la industrialización como un paso siguiente. En ese imaginario colectivo entonces, no hay lugar para la minería (debido obviamente al desarrollo histórico) y por lo tanto, no hay lugar tampoco para las consideraciones sobre sus posibilidades como sobre sus efectos negativos. La segunda cuestión interesante para profundizar, sería el alcance y actuación de los movimientos sociales de resistencia, de alcance local y funcionamiento asambleario, que denuncian y realizan parte del control (que no realiza el Estado) sobre los efectos de las explotaciones mineras a cielo abierto.

Por ahora sólo encontramos la actuación irresponsable del Gobierno Nacional, la participación de los funcionarios provinciales en connivencia con los empresarios y una sociedad argentina que no conoce o no quiere conocer los riesgos a largo plazo que significa profundizar un modelo extractivo y contaminante como el de la Mega-minería.


(A continuación comparto un spot realizado por la ONG Conciencia Solidaria)


Artículo realizado por Andrés Fernández, colaborador de Hablando República en Argentina.

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